Una demanda colectiva presentada en Washington cuestiona la decisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de ampliar el uso obligatorio de dispositivos GPS dentro del programa de Alternativas a la Detención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Los abogados sostuvieron que la medida reemplazó las evaluaciones individuales por una política general y señalaron consecuencias físicas, psicológicas y laborales.
La nueva política de GPS que aplican el ICE y el DHS
De acuerdo con la demanda, la directiva estableció que casi todas las personas incorporadas al programa Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés) debían utilizar dispositivos de rastreo GPS de manera permanente. Estos equipos pueden colocarse en el tobillo o la muñeca y permiten un seguimiento continuo.
El cambio tuvo como consecuencia, según los datos incluidos en la demanda, un aumento de aproximadamente 17.000 a 50.000 personas sometidas a vigilancia GPS. Los abogados sostuvieron que el ICE dejó de analizar las circunstancias particulares de cada inmigrante antes de establecer las condiciones de supervisión.
La acción judicial plantea que esta modalidad puede alcanzar incluso a personas que cumplen con sus obligaciones ante las autoridades migratorias y que no tienen antecedentes que, según los abogados, justifiquen una medida de vigilancia de este tipo.
El caso, denominado M.O. v. Helland fue presentado el 26 de junio ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia. La acción está encabezada por el Amica Center for Immigrant Rights, el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center y el estudio Zuckerman Spaeder LLP.
La demanda cuestiona una directiva emitida en junio de 2025 por Dawnisha Helland, entonces directora asistente interina del ICE. Según la acción judicial, ese memorando modificó el sistema que durante más de dos décadas había permitido determinar individualmente qué personas necesitaban vigilancia electrónica.
Migrantes con GPS del ICE: los efectos físicos y psicológicos denunciados
La demanda recopila testimonios y resultados de investigaciones sobre las consecuencias del uso de estos dispositivos. Entre los problemas físicos mencionados aparecen:
- Dolor
- Inflamación
- Calambres
- Cortes
- Sangrado
- Cicatrices
- Molestias en el nervio ciático
- Dificultades para dormir
- Descargas eléctricas
Los documentos también describen situaciones que involucran a mujeres embarazadas y madres en período de lactancia. Según la demanda, algunas personas experimentaron aumentos de presión arterial y niveles elevados de estrés.
Los demandantes sostienen además que el dispositivo puede dificultar actividades cotidianas como caminar o subir escaleras. En el plano psicológico, la acción judicial mencionó ansiedad, depresión, ataques de pánico, insomnio y síntomas relacionados con estrés postraumático.
También se señaló que la visibilidad de los dispositivos puede generar estigmatización y llevar a algunas personas a limitar su presencia en espacios públicos, centros religiosos o actividades comunitarias.
En qué etapa se encuentra la demanda contra el monitoreo GPS del ICE
Los abogados sostuvieron que la decisión de ampliar el monitoreo mediante un memorando interno no cumplió con el criterio previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), que contempla mecanismos de notificación y participación pública para determinadas normas.
La acción judicial también argumentó que el ICE modificó una política vigente durante años sin explicar de manera suficiente las razones del cambio. Los abogados señalaron que la imposición generalizada del GPS no habría demostrado una mejora en las tasas de comparecencia ante los tribunales.
Otro argumento se basó en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que, según los demandantes, exige considerar las circunstancias individuales al establecer las condiciones de liberación. También alegaron incumplimientos de directivas internas de la agencia federal y una vulneración del debido proceso establecido en la Quinta Enmienda.
La acción judicial se encuentra actualmente pendiente y en una etapa inicial. El tribunal deberá establecer el calendario procesal para resolver el litigio.