El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó en conferencia de prensa que el Gobierno nacional introducirá modificaciones a la legislación que regula la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros. La medida busca flexibilizar las restricciones vigentes y facilitar el acceso al mercado inmobiliario rural argentino.
La normativa en cuestión fue sancionada en 2011 durante la gestión kirchnerista y establecía un límite del 15% para la participación extranjera en la tenencia de tierras. Esta ley había sido creada con el objetivo de preservar la soberanía territorial y evitar la concentración de propiedades rurales en manos foráneas.
El decreto 70 de Javier Milei ya había intentado derogar esta legislación, aunque la medida quedó envuelta en una disputa judicial que hasta el momento impide su implementación efectiva. La administración libertaria considera que estas restricciones constituyen un obstáculo para la inversión extranjera y el desarrollo del sector agropecuario.
La decisión se enmarca en la política económica del actual gobierno, que promueve la apertura de mercados y la eliminación de barreras para el ingreso de capitales internacionales. Los defensores de la medida argumentan que permitirá modernizar el campo argentino y atraer tecnología de punta al sector rural.
Sin embargo, la propuesta genera resistencias en diversos sectores que advierten sobre los riesgos de una extranjerización masiva de las tierras productivas. ¿Representará esta flexibilización una oportunidad de crecimiento o comprometerá la soberanía alimentaria del país?